“Hay
un modelo de ciudad que es el que eligió el mercado inmobiliario, donde
tienen que convivir los propietarios o los hijos de propietarios, el
lugar para los otros son los márgenes de la ciudad, los hoteles, las
pensiones, los inquilinatos, las villas y los conventillos”. Así
sintetiza Gervasio Muñoz la Buenos Aires que queda para los ciudadanos
de la escasez: los de pocos recursos, pocos estudios, pocos derechos,
pocos futuros. Pero resulta que los ‘pocos’ son muchos. Y en todo ese
universo se encontraron los que alquilan, los que no quieren o no pueden
ser dueños, y deciden pagar por un techo. Se juntaron, se organizaron y
formaron Inquilinos Agrupados (IA)
para que alquilar sea más justo. En la semana del Día del inquilino, se
harán escuchar frente a la Legislatura porteña con un segundo festival.
Muñoz es uno de los representantes del espacio que reúne inquilinos porteños que se identifican como un actor social más, con derechos que son vulnerados. Por eso pelean contra los abusos de las inmobiliarias, los negocios de los consorcios y los agujeros legales. Su accionar se basa en intervenir en los conflictos entre propietarios e quienes alquilan e iniciar demandas colectivas: “Creemos en que esto no es un problema individual, sino de un sector y tiene que ver con el acceso a la vivienda, con el mercado inmobiliario y la ausencia del Estado y porque sino estaríamos teniendo miles de juicios y no podríamos llevarlos adelante todos”.
A principio de año, el gobierno porteño creó la Defensoría del
Inquilino, idea que el colectivo había impulsado como un proyecto
legislativo. Para el representante de IA es útil y satisface una demanda
alta pero lo más destacado es el reconocimiento de la figura del
inquilino. “Hasta el año pasado no existía. Hoy existe, como existe el
estudiante, el jubilado — explica Muñoz — Es un sujeto del entramado
social que tiene derechos por su sola condición de inquilinos y por eso
hay que defender la Defensoría y hay que resistir a pesar de que sea
molesta para muchos sectores”.
Los
intentos que terminar con esa “molestia” que representa la agrupación
llegaron en forma de acciones legales y amenazas para Muñoz por parte
del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires (CUCICBA).
“A los dos meses empezamos a recibir cartas documento de Colegio
diciéndonos que frenemos con esta asesoría legal, que no publiquemos los
números y ahí nos decidimos y convencimos de que íbamos por buen camino
y seguimos avanzando”, recuerda Muñoz sobre el surgimiento de IA, tres
años atrás en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Más
decidido que nunca, el colectivo siguió dando pelea en diferentes
frentes.
En la Justicia, los inquilinos obtuvieron las victorias más fuertes: se obligó a CUCICBA a que brinde información sobre las denuncias efectuadas contra las inmobiliarias por el cobro ilegal de comisiones y un fallo reciente ratificó la ley que limita el pago de las comisiones a un mes y no como dice la resolución del Colegio que elevaba ese tope.
En la Legislatura porteña, presentaron proyectos que no tuvieron el apoyo de ninguna fuerza política, según el propio Muñoz. Uno de ellos buscaba redactar de forma más clara el artículo 57 de la ley 2.340 que limita el pago de comisión al 4,15% del contrato y es el que revalidó la Justicia. Otro propone que el Banco Ciudad otorgue créditos a tasa subsidiada a edificios que necesiten adecuar sus instalaciones de gas a la normativa vigente. Desde la agrupación denuncian que la mayoría son viejos y deben reacomodarse a la ley pero que por falta de financiamiento sufren cortes que duran meses.
Congregar: — ¿Cuál es para ustedes la función que está cumpliendo el Estado?
Muñoz: — El gobierno de la Ciudad es el representante del mercado inmobiliario en el Estado. Creo que el mercado inmobiliario, las constructoras, los fideicomisos, los grupos financieros, los bancos, son los que gobiernan y tienen unos representantes que son el gobierno de la Ciudad. Lo mismo pasa en Nación, son representantes de grupos económicos. Lograron que la sociedad vote a unos tipos que fueron puestos para defender los intereses de los grupos financieros que son lo que ellos representan. En la ciudad, el gobierno la posición que ha tomado es la del silencio y dejar que esta batalla entre mercado inmobiliario e inquilinos se decida en los medios de comunicación y la justicia. Esos son los dos lugares donde nosotros estamos dando la pelea contra el mercado inmobiliario. Es imposible que en la legislatura porteña se legisle en contra del mercado inmobiliario.

Los inquilinos identifican dos enemigos: las inmobiliarias y las
administraciones de consorcio. Con las primeras resulta más fácil luchar
porque tienen un Colegio y pueden acceder a la Justicia para
controlarlas. Las segundas “gozan de una impunidad enorme” dice Muñoz.
Explica que manejan dinero que no les corresponde con oscuridad
absoluta, no discriminan ordinario de extraordinario, ni explican cuánto
gastan realmente. “Todos sabemos que cuando hay algún arreglo en el
edificio, por ejemplo, pintar el frente, la empresa que pinta cobra $20
mil y la administración a los propietarios cobra $40 mil. Todos sabemos
eso. No hay nadie que controle”, expresa.
La conciencia sobre la problemática inquilina y la organización de este colectivo se extendió en todo el territorio argentino en este último tiempo. Hoy varias provincias cuentan con asociaciones que defienden a los que alquilan. Por eso formaron un Frente Nacional de Inquilinos que unifica la lucha en todo el país.
Su primera iniciativa fue presentar un proyecto de ley en el Congreso para regular el inquilinato a nivel nacional. Entre los puntos más importantes establece que: el precio de alquiler será reajustado anualmente según la inflación y los salarios; extiende a tres años el contrato y las expensas extraordinarias nunca sean pagadas por el inquilino. Aunque la propuesta acompañada por la senadora Silvina Marcela García Larraburu obtuvo la firma de varios senadores, la cámara alta aún no la trató.
Si bien el debate sobre la figura del inquilino es reciente, desde IA ven que es resistido por parte de todo el arco político. “Ni la derecha quiere hablar de eso porque afecta intereses muy grandes, ni la izquierda porque no puede concebir que haya acceso justo a la vivienda a través del alquiler — cuenta Muñoz — sólo cree que tenemos que ser dueños como la burguesía y en el medio aparecemos nosotros, planteando que no queremos ser dueños sino alquilar de forma justa”.
La conciencia sobre la problemática inquilina y la organización de este colectivo se extendió en todo el territorio argentino en este último tiempo. Hoy varias provincias cuentan con asociaciones que defienden a los que alquilan. Por eso formaron un Frente Nacional de Inquilinos que unifica la lucha en todo el país.
Su primera iniciativa fue presentar un proyecto de ley en el Congreso para regular el inquilinato a nivel nacional. Entre los puntos más importantes establece que: el precio de alquiler será reajustado anualmente según la inflación y los salarios; extiende a tres años el contrato y las expensas extraordinarias nunca sean pagadas por el inquilino. Aunque la propuesta acompañada por la senadora Silvina Marcela García Larraburu obtuvo la firma de varios senadores, la cámara alta aún no la trató.
Si bien el debate sobre la figura del inquilino es reciente, desde IA ven que es resistido por parte de todo el arco político. “Ni la derecha quiere hablar de eso porque afecta intereses muy grandes, ni la izquierda porque no puede concebir que haya acceso justo a la vivienda a través del alquiler — cuenta Muñoz — sólo cree que tenemos que ser dueños como la burguesía y en el medio aparecemos nosotros, planteando que no queremos ser dueños sino alquilar de forma justa”.

Para el referente de IA el modelo de ciudad actual subsiste gracias a
la vulnerabilidad de una parte de la sociedad que está compuesta en
parte por inquilinos. “Hay un sector que tiene un derecho o tienen la
posibilidad de vivir de una forma, que tiene acceso a la cultura, a la
educación de nivel, al entretenimiento, a la justicia, a la vivienda, a
la salud privada. Y hay otro sector que tiene que garantizar que todo
eso funcione para que ellos tengan esos derechos. Esa gente no se puede
ir de la ciudad de Buenos Aires porque sino no tendrían a nadie que
limpie la basura de ellos”.