“Mi compañera humeando, tirándose en el piso y mi patrón viene, la mira, compañeros. Si te caés yo voy a correr para levantarte, pero mi patrón no; vino así como si nada, le miró: ‘¿Qué pasa, chicos? ¿Curiosos?’. Mi compañera humeante en el piso y nosotros ahí adelante mirándola a mi compañera.”Testimonio de María sobre el caso de Marina, una trabajadora textil tercerizada que se prendió fuego tras un reclamo laboral(1)
Cuando
la empresa con la que firmás contrato no es para la que trabajás
realmente. Ser empleado estatal pero que te contraten por un convenio
con un organismo externo. Funcionar como monotributista cuando en
realidad sos estable. Que cada dos años te pidan que renuncies para que
te tome otra empresa para desempeñarte en lo mismo. Todas esas
prácticas cotidianas tienen un solo nombre: tercerización laboral. Se
trata de una estrategia empresarial mundial que llegó en los ‘70 a
nuestro país, se acentuó con el menemismo y hoy sigue arrollando
derechos laborales. Es por excelencia la manera legal de encubrir la
precarización laboral. Varias propuestas legislativas buscan revertir
esta situación pero hace años que el Congreso decidió darles la espalda.
El caso de Mariano Ferreyra como emblema y bandera de lucha de miles de
trabajadores que sufren este fraude laboral. Hoy los primeros en ser
despedidos son ellos: los tercerizados.
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Foto: Partido Obrero
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Detectar para luchar
“La tercerización es una de las formas de la precarización”, sintetiza Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En esta práctica hay una empresa principal que contrata a otra para que realice ciertas actividades. Así la compañía central se libera de todas las responsabilidades de los trabajadores (salarios, aportes, protección) aunque sea la mayor beneficiaria de esa labor. Esto genera una división entre empleados: por un lado los que son contratados directos por la demandante llamados ‘estables’ y por otro los de la demandada, conocidos como ‘tercerizados’. “Rompe y fractura el movimiento sindical”, define Morales.
La esencia de la tercerización radica en ahorrar costos al someter a los empleados indirectos a situaciones de precarización. “Nos empezamos a dar cuenta de que no sólo la tercerización fracturaba el colectivo sino que redundaba en distintas condiciones en el trabajo — dice Morales en base a las investigaciones del CELS con la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) — La extensión de la hora laboral era más
amplia en el trabajo tercerizado, las formas de compensación en un
franco era distinto, igual que las vacaciones”. El empleado indirecto
sufre una inestabilidad constante que lo lleva a aceptar situaciones
indignas con tal de no ser despedido.
La primera interrogante que surge es por qué los tercerizados no
reclaman por mejores condiciones. Los factores son múltiples. Por un
lado, suelen pertenecer a sindicatos que avalan estas prácticas, sus
intereses son más cercanos a los empresariales y se encargan de que esos
empleados no puedan revertir su situación. Si se quieren organizar
paralelamente al gremio, son despedidos inmediatamente. Esta es una
estrategia de disciplinamiento de las empresas, que continuamente los
presionan, desvalorizan su trabajo y amenazan con echarlos. Muchas veces
el colectivo de trabajadores permanentes les dan la espalda por miedo a
sufrir consecuencias si reclaman solidariamente. La falta de
inspecciones efectivas del Estado acentúa el desamparo que sufren.
Precarización, pero de la legal
El texto original de la ley de Contrato de Trabajo de 1974 consideraba a los trabajadores de empresas contratadas como directos de la principal, la cual tenía responsabilidad solidaria. Eso significa que la empresa central responde conjuntamente con la contratista, respecto de las deudas laborales y previsionales del empleado. De esta forma, la ley ya se adelantaba a los casos de tercerización y protegía a los trabajadores de posibles situaciones de vulnerabilidad.
Pero la reforma de 96 artículos de la ley de Contrato implementada por la última dictadura barrió con el resguardo de los derechos laborales. Por un lado, estableció que a los trabajadores que forman parte de empresas tercerizadas no se les aplique el convenio más beneficioso o el que corresponde a la empresa principal. Por otro lado, en caso de judicialización ellos primero tienen que reclamarle a la compañía tercerizada y la central sólo va a pagar si se descubre que no supervisó el trabajo de la demandada.
En la década del ‘90 se amplió la legalidad de estas formas de organizar el trabajo. Se consolidaron las empresas de servicios eventuales al establecer que sus trabajadores tendrán una relación directa con aquella y no con la principal. “Ahora las tercerizadas tienen una función en la ley de Contrato que es proveer servicio eventual. Que puede ser correcto para una coyuntura excepcional de mayor demanda de trabajo pero no en términos permanentes. La incidencia que tuvo la dictadura y las reformas de los ‘90 permitieron que hoy la tercerización sea una práctica común en todos los sectores de la economía”, determina Morales.
En estas cuatro décadas la tercerización atravesó todos los sectores de la economía. La siderúrgica se transformó desde los ‘70, pero se incrementó la concentración y centralización de capital en 1990 con el retiro del Estado y la privatización de SOMISA y Altos Hornos Zapla. El mercado del acero lo controló sólo Techint y Acindar. De acuerdo a la politóloga Julia Strada (2), en marzo de 2015 en Acindar la mitad de los trabajadores eran tercerizados.
La industria textil, donde las grandes marcas tercerizan en talleres, “es una de las actividades paradigmáticas cuando se habla de precarización de la fuerza de trabajo, y llega al extremo de situación de esclavitud y trata de personas”, según un artículo de las investigadoras de FLACSO Victoria Basualdo, Alejandra Esponda y Morales (3). La telefonía también se transformó en los ’90 con la privatización de Entel, resistida por la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA), y el reparto de las redes de telecomunicaciones entre Telefónica y Telecom. Ahí la tercerización se dio por la subcontratación de empresas y derivación de tareas a call centers.
El Estado también fue atravesado por esta práctica junto a las privatizaciones y desregulaciones del menemismo. Para Basualdo y Esponda (4), “la burocratización, la ineficiencia y la corrupción se presentaron como los grandes problemas a resolver por medio de una transferencia al mercado de tareas que durante décadas habían sido de incumbencia estatal”. El decreto 92/95 permitió la contratación de trabajadores autónomos a través de programas. El politólogo Osvaldo Battistini (5) sostiene que la contratación de trabajadores en este régimen no sólo puede ser considerada subcontratación sino que ‘para la legislación argentina si estos trabajadores cumplen con una jornada diaria trabajan en el local del patrón, bajo directivas emanadas del patrón, se trata directamente de fraude laboral, como contrato no registrado o ‘en negro’”.
Caso Mariano Ferreyra, el negocio detrás del crimen
El asesinato se cometió el 20 de octubre de 2010. Empleados tercerizados de la ex línea ferroviaria General Roca, con militantes del Partido Obrero (PO) y el Movimiento Teresa Rodríguez, hacían una manifestación porque reclamaban el pase a planta permanente y la reincorporación de compañeros despedidos. Una patota de la Unión Ferroviaria (UF), en convivencia con la Policía Federal, atacó a los trabajadores con armas de fuego. El resultado fue el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del PO de 23 años que acompañaba la lucha.
A partir de la judicialización del caso, las investigaciones destaparon
una trama de negocios entre la operadora de la línea Roca, la Unidad de
gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), y el sindicato UF
que precarizaba a los empleados a través de la tercerización.
“Descubrimos que los guardias de las barreras no formaban parte de la
planta permanente, los boleteros también eran tercerizados o cumplían
funciones para otra empresa muy distinta — explica Morales, que desde el
CELS representó la querella de la familia de Ferreyra — A partir de ahí
empezamos a descubrir cuál era el reclamo de un grupo de trabajadores
vinculados a la tercerización y empezamos a estudiar porqué la
tercerización es una de las formas de la precarización”. El CELS logró fundamentar que desde 2007 en la línea Roca se produjo un “boom tercerizador”, debido a un acta firmada por la UF y Ugofe que habilitaba que tareas ferroviarias fueran tercerizadas y contratadas a empresas externas por 90 días. Esos empleados no tendrían las condiciones del Convenio Colectivo de Trabajo, como acceso a comedores, baños y debían usar vestimenta diferente. Así ahorrarían gastos mediante esta precarización, para enfrentar el “calamitoso” estado del ferrocarril. Ese plazo se extendió de tres meses a tres años.
La tercerización se hacía, en parte, mediante la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, creada por la cúpula de la UF dirigida por José Pedraza. Es decir, era un negocio entre el sindicato y Ugofe. La investigación del CELS descubrió que debido a la verticalidad de la UF, todas las decisiones eran tomadas por Pedraza, por lo que el enviar una patota contra los trabajadores formó parte de una estrategia de disciplinamiento organizada por él. El ex titular del sindicato fue condenado a 15 años de prisión como instigador del asesinato.
“A partir de lo de Mariano hubo una visibilización de la tercerización
como fenómeno pero es muy difícil para los trabajadores ver que es
tercerizado. Hay un número creciente en toda Amerita Latina y el mundo
de tercerizados”, decía Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y actual
legislador porteño por el Frente para la Victoria. Junto a los diputados
kirhneristas Andrés Larroque, Héctor Recalde y Edgardo Depetri y a
Leonardo Grosso, de Peronismo para la Victoria, presentó, en el quinto
aniversario de la muerte del militante del PO, un proyecto para declarar
el 20 de octubre Día Nacional de la lucha contra la tercerización
laboral para que sea tratado en la cámara baja.En esa oportunidad, en entrevista con Congregar, Ferreyra había explicado que el fundamento del proyecto se basaba en el asesinato de su hermano revalorizando el rol de la justicia, de la intervención del momento político y teniendo en cuenta que la última tarea militante de Mariano fue justamente una de las cosas a complejizar que es el debate de tercerización laboral. Su objetivo es que “se hagan materiales para currículas de escuelas y dar debates en sindicatos sobre lo que son tareas pendientes en reformas laborales o abolición de la tercerización”.
Romper el status quo legal
Si bien el asesinato de Mariano Ferreyra motorizó muchísimas investigaciones de diversos centros de estudio y organismos de derechos humanos sobre la tercerización en nuestro país, la legislación nacional sigue intacta desde el menemismo y los gobiernos posteriores no implementaron políticas fiscalizadoras fuertes. “Hubo una propuesta de ampliar las fuentes de trabajo — cuenta Morales sobre la etapa kirchnerista — pero quedó trunca la discusión acerca de qué tipo de trabajo, la calidad del trabajo, el tipo de contrato. Se amplió la cantidad de inspectores pero con suerte llegaban a detectar trabajo informal, faltó ampliar las capacidades de esos inspectores para que puedan detectar trabajo tercerizado cuando no debiera existir ese trabajo”.
Para el abogado del CELS, la responsabilidad de no haber generado un debate político al respecto es del Estado, las fuerzas políticas, sectores empresarios y sindicatos. Estos últimos, considera, son clave para motorizar esta discusión pero no todo el sindicalismo está dispuesto a hacerlo. En ese sentido, Pablo Ferreyra destacó que tienen que ser los gremios los deben dar ese debate con el trabajador.
Congregar: —¿La legislación laboral actual debería ser modificada?
Pablo Ferreyra: —Sí, pero yo creo que no tiene sentido que la legislación de modifique si no hay un sector social que lo pida. Porque hacer una modificación, que no va a suceder porque hay un lobby muy fuerte de las empresas por mantener el status quo, tiene que ser acompañado de eso. No se debe modificar la legislación vigente si los trabajadores y sus sindicatos no toman la tarea concreta de militar y discutir el fin de la tercerización y tampoco si el ministerio de Trabajo no es más enérgico en la persecución a empresarios que hacen cooperativas fraudulentas y generan tercerización.
Las propuestas presentadas en la cámara de Diputados fueron tres. Por un lado, la de Héctor Recalde, que presentó en 2013 cuando era presidente de la comisión de Trabajo y tiene dictamen de 2014, habla de que a los tercerizados se les aplicará el convenio colectivo de la empresa principal si es más conveniente. Por otro, la del Frente de Izquierda, de 2014 sin ningún dictamen de la comisión de Trabajo, elimina la tercerización al considerar que los empleados tercerizados se los considerará directos de la empresa principal. Las legislaciones de Ecuador y Venezuela sirven de ejemplo para demostrar que esta práctica empresarial puede ser prohibida.
Una tercera de Facundo Moyano, de 2012 con dictamen de ese año, establece ampliar la responsabilidad de la compañía central a solidaria. Tampoco avanzó en la etapa kirchnerista y actualmente a su autor le parece complicado que suceda. “Por cómo ha tratado el gobierno la cuestión laboral lo veo difícil pero como diputados tenemos la responsabilidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas — asegura el legislador del Frente Renovador — y debatirlas tanto en el seno de nuestro bloque, donde también podemos encontrar algún tipo de diferencia, más en los diputados de tracción empresaria”.
Se desconoce la cantidad exacta de despidos que se produjeron desde que asumió la presidencia Mauricio Macri; desde consultoras privadas (Tendencias Económicas) hablaban de 150 mil para junio; la Cámara Argentina para la Mediana Empresa contó 120 mil hasta abril; el Gobierno afirmó que fueron 27 mil en privados y 11 mil públicos para abril sin datos del Indec. Morales sostiene que los primeros despedidos son los tercerizados y que si no se da una discusión en paralelo es posible que se contenga el despido pero no la precarización en las formas de contratación.
En el caso de los empleados estatales echados, el abogado del CELS cree que en muchos casos se debió a la tercerización que ejercía Estado por medio de contratos que no tenían estabilidad. “Era débil porque contrato no era uno típico del empleo público, temporario, atados a convenios con instituciones financieras internacionales, universidades o monotributo que se buscaba que cumpliera con un proyecto determinado pero en realidad eran funciones del Estado”.
El panorama político actual no parece el más indicado para desarrollar un debate sobre calidad del trabajo. Sin embargo, la precariedad en la que están inmersos los trabajadores tercerizados urge una discusión al respecto, sobre todo en el Congreso. Porque, como sostiene Morales, la legalidad es la clave de la generalización de la tercerización. Y recuerda: “Eduardo Basualdo (6) tenía una frase importante, ‘la tercerización es la forma de precarización legal más consolidada’”.
1 "La tercerización desde las voces de los trabajadores" en Basualdo y Morales (coord.) La tercerización laboral, Buenos Aires.
2 Strada, Julia (2015) “Estrategias empresariales en la siderurgia argentina. Tercerización laboral en Acindar” en Ponencia presentada en AEDA (asociación de economía para el desarrollo de la Argentina), Buenos Aires.
3
Basualdo, Victoria Esponda, Alejandra y Morales, Diego (2014) “La
tercerización en América Latina en las últimas décadas. Visiones,
debates y aportes” en Basualdo y Morales (coord.) La tercerización laboral, Buenos Aires.
4
Basualdo, Victoria y Esponda, Alejandra (2015) “Aportes sobre la
presencia e impacto de la tercerización en la Argentina actual“ en
Basualdo, Esponda, Gianibelli y Morales Tercerización y derechos laborales en la Argentina actual, Buenos Aires.
5 Osvaldo Battistini (2010), “La subcontratación en la Argentina”, en Documentos de Debate, Buenos Aires.
6
Eduardo Basualdo: Doctor en Historia (UBA); Lic. en Economía (UCA);
Investigador de Carrera (CONICET); Investigador Principal y Coordinador
del Area de Economía y Tecnología (FLACSO). Miembro de la Comisión
Directiva del CELS. Consultor externo de la OIT y CEPAL
